Startup Ciencia repartió $11.398 millones entre 87 empresas. El promedio es el 97% del tope, y el plazo son 12 meses.

ANID adjudicó $11.398 millones a 87 empresas de base científico-tecnológica en la edición 2026 de Startup Ciencia, la cifra más alta desde que el programa se creó en 2020. Cada proyecto puede recibir hasta $134.550.000 —cerca de US$140.000 según la conversión que reportan las fuentes— por un plazo de hasta 12 meses, extensible por seis meses una sola vez.

Dos cosas saltan al dividir.

Casi todos recibieron el tope

$11.398 millones divididos en 87 empresas. El promedio queda en torno al 97% del máximo.

Ver los datos

Tope por proyecto	$134,6M
Promedio adjudicado	~$131,0M

Once mil trescientos noventa y ocho millones entre 87 empresas dan unos $131 millones cada una: alrededor del 97% del tope.

Eso significa que Startup Ciencia no dimensiona el aporte según el proyecto. Es una subvención de monto esencialmente fijo con un filtro de selección adelante. La decisión no es cuánto necesita cada empresa, sino cuáles entran.

No es un defecto en sí mismo —un monto uniforme es más simple de administrar, más difícil de capturar y más fácil de auditar—, pero conviene llamarlo por su nombre. Un programa que asigna lo mismo a todos está apostando a que las necesidades de capital de una empresa de materiales avanzados y una de software científico son comparables. Casi con seguridad no lo son.

Doce meses para ciencia

Este es el punto que importa.

El programa financia empresas de base científico-tecnológica: compañías cuyo producto depende de investigación, no de integración. Y el plazo es de hasta 12 meses, extensible a 18.

Doce meses es un horizonte de software. Alcanza para construir un producto digital, ponerlo frente a usuarios y medir si lo usan. En ciencia aplicada no alcanza para lo mismo: un desarrollo de biotecnología, de materiales o de dispositivos médicos mide sus etapas en años, con validaciones que dependen de terceros —laboratorios, comités de ética, autoridades sanitarias— cuyos plazos la empresa no controla.

La consecuencia práctica es que, para buena parte de sus beneficiarias, este instrumento no financia el camino al mercado. Financia el tramo hasta el siguiente fondo concursable.

Eso no lo vuelve inútil. Los puentes son necesarios, y para una empresa científica temprana US$140.000 no dilutivos son considerables. Pero cambia cómo debería medirse el éxito: no por cuántas beneficiarias llegaron a vender, sino por cuántas siguieron existiendo y consiguieron el financiamiento siguiente. Son preguntas distintas y la segunda es la única que el plazo permite responder.

Ochenta y siete empresas es mucho, y esa es la tensión

Ochenta y siete adjudicaciones en un año es una cobertura amplia para un programa de este tipo. Comparado con los conteos que suele haber en el ecosistema chileno —donde las rondas de equity reveladas se cuentan por decenas al año— el Estado está financiando a mucha más gente que el mercado privado.

Ahí está la tensión de fondo del instrumento. Repartir $11.398 millones entre 87 empresas maximiza el alcance y minimiza la profundidad. Repartirlos entre 20 daría cheques de casi $570 millones, suficientes para plazos de verdad científicos, y dejaría fuera a 67 equipos.

Las dos opciones son defendibles y responden a objetivos distintos: una construye ecosistema, la otra construye empresas. El programa eligió la primera, y su diseño —monto fijo, plazo corto, cobertura amplia— es coherente con esa elección aunque el nombre sugiera la segunda.

Lo que haría evaluable el programa

• Cuántas beneficiarias de ediciones anteriores siguen operando, a tres y cinco años
• Cuántas obtuvieron financiamiento posterior, público o privado
• Cuántas solicitaron la extensión de seis meses, que es un indicador directo de si el plazo calza
• La distribución por disciplina, que diría si el monto uniforme favorece sistemáticamente a las áreas de menor costo de capital

La tercera es la más barata de publicar y la más informativa. ANID la tiene.